POLICÍA LE PROHÍBE SALIR «DE LA CIUDAD DE CAMAGÜEY», REFIERE DAIMARA
Texto: Henry Constantin
Foto: Inalkis Rodriguez Lora (imagen de archivo)
En la tarde de hoy sábado, agentes de la Policía Nacional detuvieron en su casa a Daimara Herrera, la protectora de perros y gatos abandonados más activa en la ciudad de Camagüey. Conducida en una patrulla desde su casa a la cercana Tercera Unidad de la PNR, Daimara fue acusada por el delito de difamación, a raíz de una publicación en Facebook hecha una familiar de Daimara, pero cuya autoría se atribuyó la propia protectora.
Daimara fue puesta en libertad en la misma tarde de hoy, pero con una medida cautelar que le prohíbe salir de la provincia Camagüey, donde reside. La publicación por la que se le acusa de difamación fue hecha el jueves, en el perfil en Facebook de Nuris Pons, su prima, y entre otras quejas, recoge que un vecino de Daimara nombrado Ricardo Martínez Castellanos, había acudido a dependencias de Salud Pública e Higiene y Epidemiología, “para que estas autoridades cierren el refugio más grande que tiene Camagüey”.
Seguidamente, después de recordar que Daimara Herrera ha sacado más 1000 perros de las calles, la publicación que la protectora camagüeyana se atribuyó afirma que Martínez Castellanos ha sido condenado por “2 robos con fuerza”, e incluso da a entender que existe una carta en la que esta persona ha “amenazado a Daimara de muerte y a sus animales”. Fuentes de La Hora de Cuba que pidió no ser identificada aseguró a este medio que desde hace más de un año Daimara Herrera se ha quejado con su círculo de amistades de la hostilidad al refugio que mantiene Martínez Castellanos, hostilidad que coincide con la sensación de vigilancia y supervisión incrementadas sobre Daimara por parte de los ministerios de Salud Pública y del Interior.
El delito de difamación en el Código Penal cubano es castigado con sanción con prisión de tres meses a un año, o multa de 100 a 300 pesos. El acusado es declarado inocente si prueba que las imputaciones que hizo o propagó eran ciertas, “o que tenía razones serias para creerlas, asó como que obró, o que fundadamente creyó obrar, en defensa de un interés socialmente justificado”, según dice el mencionado código. “No se admite al inculpado la prueba prevista en el apartado anterior, si manifiestamente no tenía otro designio que denigrar a la víctima”, acota dicho documento.
Daimara Herrera lleva alrededor de 15 años cuidando perros y gatos abandonados, que ella o sus amistades y simpatizantes encuentran en las calles de Camagüey. En ocasiones ha llegado a tener más de 50 animales viviendo en su pequeña casa –un cuarto, cocina y salita, sin baño- en el reparto Montecarlo, los cuales mantiene con recursos donados principalmente por personas de dentro y fuera del país, y que con la ayuda de veterinarios cuida y esteriliza cada vez que es posible. La amenaza de envenenamiento por parte de vecinos que pende sobre los gatos recogidos, la ha obligado a encerrarlos en una caseta en el patio.
En otros tiempos contó con pequeños aportes de instituciones estatales. A varias personas de la red de apoyo del refugio, que se reunían periódicamente en el Casino Campestre para recoger donativos de apoyo, las autoridades les prohibieron seguir haciéndolo ahí.
El post por el que acusan a Daimara aseguraba que iba “a hacer público todo lo que (está) pasando con el refugio y el comportamiento de algunas (instituciones) aquí en Camagüey”.
La persecución policial contra Daimara Herrera coincide milimétricamente en tiempo y forma con la que han sufrido desde poco antes del inicio de la epidemia de coronavirus más de una veintena de periodistas, activistas y ciudadanos comunes que han sido multados, citados a encuentros con agentes del MININT o arrestados en la calle, siempre por el hecho de tomar fotografías de las difíciles situaciones cotidianas o publicar en sus redes sociales cuestionamientos sobre problemas de la realidad cubana.
