ENTRE EL CORONAVIRUS Y LOS CÁRTELES:CUBANOS EN LA FRONTERA DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Ricardo Fernández Izaguirre
Fotos: Onelia Alonso Hernández/Carlos Alonso

Muchos de los cubanos que han llegado a la frontera de Estados Unidos sin poderla cruzar, se encuentran hoy con dos situaciones riesgosas que amenazan sus vidas: por un lado la epidemia de la COVID-19 y por otro, la delincuencia organizada, mientras continúan en la incertidumbre de no saber si recibirán asilo.

“Después de casi cuatro años de travesía desde Trinidad y Tobago, atravesando Latinoamérica, muchas veces a pie, llegamos a la frontera de Estados Unidos el pasado 26 de enero”, contó a nuestro medio Onelia Alonzo, de 61 años de edad, una activista de grupos opositores en la región central de la isla, quien emigró en compañía de su hermano. “Entramos por Reynosa y nos presentamos en el puente internacional de McAllen, para pedir asilo político. Allí Inmigración nos tuvo dos días retenidos para comenzarnos el proceso y después nos regresaron a México por el puente internacional de Brownsville al campamento de refugiados de Matamoros, a esperar que nos toque la audiencia que nos agendaron para julio”.

A partir del pasado 29 de enero del 2019, los Estados Unidos comenzaron a implementar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), citando la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Bajo el MPP, los individuos que llegan o entran a los Estados Unidos por México de manera ilegal o sin la documentación adecuada son retornados a México durante la duración de sus juicios migratorios. Por esta razón se han formado campamentos de migrantes como el de Matamoros, que acoge en carpas a más de dos mil solicitantes de asilo, acampados cerca de la frontera en condiciones de hacinamiento. Según un estimado hecho por Alonzo y varios emigrados, entre ellos hay casi 300 cubanos, parte de la nueva oleada migratoria que comenzó en el 2019 cuando 21 499 cubanos se presentaron en la frontera sur para solicitar asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU (CBS).

“Estando aquí comenzó la pandemia del coronavirus. Imagínate, mi hermano y yo somos de alto riesgo porque él es hipertenso, está infartado, yo soy diabética y ambos superamos los 60 años”, explicó Onelia, vía WhatsApp, a pesar de que para ello tiene que acercarse al Puente Internacional de Brownsville y usar la wifi pública gratuita, pues la familia no cuenta con recursos económicos y se sostienen de las ayudas de ONGs. “Lo peor de todo es que por la emergencia detuvieron todos los procesos jurídicos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos y no hemos tenido contacto con la abogada que nos asignaron. No hemos podido hacer los papeles que nos piden ni hemos recibido el asesoramiento que nos prometieron”, se lamentó.

En el campamento, sus más de 2000 habitantes no pueden respetar el distanciamiento social y tampoco sería posible aislar a los enfermos si los atacara la pandemia. “El hacinamiento aquí obviamente aumenta la posibilidad de un brote de COVID”, reconoció Valerio Granello, del grupo humanitario internacional Médicos sin Fronteras: “no hay distanciamiento social entre los residentes que hacen fila para cenar en el campamento”. Tanto Global Response Management (GRM), como Médicos Sin Fronteras (MSF), las dos organizaciones que trabajan con estos migrantes, han advertido del peligro en el que están las decenas de miles de personas varadas en la frontera norte mexicana si comienzan a confirmarse enfermos por coronavirus. “Estas personas se encuentran atrapadas en un peligroso limbo y su vulnerabilidad aumenta con la expansión de la epidemia de COVID-19”, alertó MSF en un comunicado.

“Hay un gran riesgo de un brote de coronavirus aquí”, remarcó Dairon Elizondo Rojas, un médico cubano también solicitante de asilo de EE.UU, que trabaja con GRM, una organización sin fines de lucro con sede en Florida y una de las pocas entidades de ayuda que siguen en el lugar desde que los funcionarios estadounidenses y mexicanos cancelaron el tráfico transfronterizo “no esencial”, en el mes de marzo.

“Para cuidarnos del coronavirus tratamos de no hacer la larga cola para la comida que reparten en el campamento. En las mañanas recogemos leña cerca del río para cocinar espaguetis y otras comidas rápidas que nos dan algunas organizaciones religiosas” explicó Onelia. “Pero aun así las condiciones de hacinamiento son un peligro. Aunque se tomaron algunas medidas como poner una cerca perimetral y en la puerta un grupo de Emigración que mide la temperatura y da cubrebocas a los que entran o salen. También la ONG Global Response Management construyó un hospitalito de campaña con 40 camas, pero el humo y el polvo hace que muchos contraigan enfermedades respiratorias”.

La otra realidad de la que nadie se atreve a hablar en el campamento de Matamoros es el peligro del crimen organizado, que se aprovecha de la vulnerabilidad de los migrantes para extorsionar, asaltar o secuestrar. Según datos de varias ongs, 5 862 desapariciones registradas oficialmente en México entre 2006 y 2018 tuvieron lugar en el estado de Tamaulipas, al que pertenece el municipio de Matamoros, donde los carteles de “Los Zetas” y “Del Golfo” se disputan el control del tráfico de droga. Los casos más graves entre los que esperan recibir asilo son los secuestrados. En ellos los carteles buscan cobrar un rescate por parte de los familiares de las víctimas, ya sea de sus países de origen o de los que le esperan en EE.UU. Si no logran su objetivo terminan asesinando a los secuestrados. Ocurre lo mismo ante cualquier delación de las actividades de estos carteles de droga, por eso las víctimas de asalto prefieren no denunciar lo sucedido. La ausencia de un cuerpo de seguridad en el campamento de Matamoros es un problema para sus ocupantes, que instintivamente, prefieren permanecer juntos, buscando la seguridad de la manada.

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