«NO PROCEDE LA SOLICITUD Y SE ARCHIVA EL ASUNTO», RESPONDE ASAMBLEA NACIONAL A PETICIÓN DE REVOCAR A MINISTRO DE CULTURA

✍️ Mario Ramírez
📷 Tomadas de los perfiles en Facebook e Instagram de Solveig Font y Carolina Barrero, respectivamente/ Neife Rigau

Este jueves 4 de marzo, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba(ANPP) respondió formalmente la petición de revocar del cargo al ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, iniciada por artistas cubanos tras los sucesos del pasado 27 de enero.

«Luego del análisis realizado le informamos que dicha petición no reúne los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y el propio texto constitucional, por tanto, no procede la solicitud y se archiva el asunto, sin otros trámites al respecto», concluye la nota entregada a las 10:50 de esta mañana a la curadora Solveig Font, una de las dos artistas (junto con la historiadora de arte Carolina Barrero) que presentaron la solicitud de revocatorio. La respuesta del ente oficial aparece firmada por Madalina Marrero Delgado, directora de Atención a la Población de la ANPP.

El acuse de recibo fue publicado en la página en Facebook del 27N, movimiento de artistas independientes surgido tras la protesta frente al Ministerio de Cultura el 23 de noviembre de 2020.

El día 3 de febrero de 2021 Carolina y Solveig se presentaron al edificio de la ANPP, para entregar una solicitud de revocación del cargo al ministro Alonso Grau, luego de su comportamiento violento en la vía pública contra ciudadanos pacíficos que exigían dialogar con las autoridades, a dos meses de lo acontecido en noviembre.

La carta, que hasta hace dos días iba por más de 750 firmas en una plataforma digital, fue entregada a la institución oficial suscrita por varios artistas, periodistas, intelectuales y miembros de la sociedad civil en una primera instancia de las exigencias burocráticas para solicitar la revocación del cargo a un funcionario público.

Sin embargo, la respuesta de la ANPP considera la misma «una relación de supuestos firmantes, buena parte de ellos sin la referencia a los datos legales de quienes la suscriben (omisiones de apellidos, falta de números de identificación permanente, no se precisa si son o no residentes permanente en el territorio nacional, etc)».

La petición de iniciar el proceso de revocación de un ministro no figura entre las posibilidades de ciudadanos sin cargos electivos, no obstante, según la ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, aprobada el 20 de diciembre pasado, sí corresponde a la Asamblea el poder de destituir a cualquiera de los elegidos en el Consejo de Ministros.

Con respecto a los requisitos demandados por la funcionaria en la respuesta, la Ley de Revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular, estipula en la Sección Tercera del Capítulo 2, «Del escrito de promoción», que cuando la solicitud de un proceso de revocación es remitida, la misma debe consignar «nombres, apellidos, firmas y números de identidad permanente de quienes lo suscriben», así como, se especifica más abajo, «la dirección particular de los promoventes». En ningún acápite queda esclarecido que deba incluirse el estado de residencia permanente o no de los promoventes.

En tales circunstancias, el acto cívico de exigir la renuncia de un ministro por parte de la ciudadanía, queda enmarañado en la ambigüedad de esas leyes anexas al texto constitucional de la isla. Nuestro medio trató de contactar a Solveig Font y Carolina Barrero para saber sus opiniones sobre la decisión de la ANPP, así como a la página en Facebook 27N, que fue la que divulgó la respuesta oficial, pero hasta el momento de publicarse esta nota, no habíamos recibimos respuesta.

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