«La madre no hace más que llorar»: así están los familiares de los menores de edad involucrados
Al menos nueve estudiantes han sido expulsados en estos días del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge, en la ciudad de Las Tunas, según supo nuestro medio y acaba de confirmar vía telefónica la directora de ese centro escolar, Maigualida Ortega Espinosa. El motivo: consumir marihuana dentro de la propia escuela.
“Todo empezó porque una madre le cogió el móvil al hijo y vio el mensaje de lo que estaban haciendo y se fue con hijo y todo para la Unidad de la PNR -Policía Nacional Revolucionaria- la 3era. Y ahí empezó el problema”, refiere una fuente de La Hora de Cuba, cercana a unos de los estudiantes expulsados, y que pidió el anonimato. Los adolescentes, de entre 15 y 17 años, son residentes de varios municipios en la provincia Las Tunas, y se encontraban tomando clases y parte de ellos conviviendo en la beca escolar, pues en ese territorio del Oriente cubano el curso continúa, debido a la bajísima incidencia del coronavirus. La Hora de Cuba conoció la identidad de alguno de los menores involucrados, pero por respeto a la edad de ellos, la mantendrá sin revelar. Nuestra fuente también afirma que la Seguridad del Estado está detrás del proceso de investigación y sanción del caso.
“Primero había cinco niños y tres niñas. Pero cuando empezaron a hablar ya van por 17”, asegura la fuente anónima, aunque la directora del IPVCE Luis Urquiza solo reconoció nueve expulsiones en la conversación telefónica con nuestro medio. “Son nueve niños, y ya tienen sus medidas, ya están sin ningún problema, ya fueron analizados…”, refirió la también Master en Ciencias de la Educación Maigualida Ortega, quien después de afirmar que todos los estudiantes involucrados eran menores de edad, habían sido asignados a estudios en politécnicos y consumieron la droga dentro de la escuela, se negó a dar más detalles.
“La madre no hace más que llorar”, cuenta nuestra fuente sobre la familia de uno de los involucrados. Hasta el momento, el castigo a los estudiantes ha sido perder la plaza en el IPVCE, y a cambio les han concedido continuar estudios de técnico medio, de mucho menor nivel, pues esos centros escolares no otorgan derecho a solicitar carreras universitarias por la vía normal, sino que deben hacerlo por concurso, una opción mucho más reducida de posibilidades y más competitiva. Esto también explica en parte la angustia de los padres de los muchachos involucrados, pues además los IPVCE (de los cuáles solo hay uno por provincia) son preuniversitarios de alta demanda que otorgan plazas en función de altas notas en exámenes previos, y generalmente obtenerlas ha significado para los padres gran inversión económica en profesores privados que suplan las deficiencias de la educación estatal secundaria.
El artículo 24 de la Resolución No. 357 del 2015 -la cual recoge el Reglamento Escolar aplicable para las escuelas de todas las enseñanzas en Cuba, menos la universitaria- especifica en su inciso m que entre las faltas consideradas muy graves y que ameritan la sanción escolar máxima, entre los estudiantes, está el “procurar, portar, consumir y/o instar al consumo de bebidas alcohólicas, drogas estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares en las áreas del centro o fuera de él, y durante la transportación del pase en el caso de los centros internos.” Por esta falta, el mismo reglamento establece en su artículo 24, inciso g que una de las “medidas disciplinarias” a adoptar contra los estudiantes es el “traslado a otro centro educacional del mismo nivel o de otro”. A algunos de los padres de los estudiantes se les comentó por parte de personas involucradas en el caso que una sanción posible contra sus hijos podía ser el traslado a una “escuela de conducta”, nombre que reciben las instituciones dedicadas a encarcelar menores de edad que han tenido gravísimos y continuos problemas de disciplina en escuelas regulares. “Los atemorizan para que no hablen y nadie lo sepa”, refiere la fuente anónima consultada para referirse al silencio sobre el tema de todos los afectados por el caso.
Aunque no hay estadísticas públicas sobre el consumo de marihuana en Cuba en los últimos años, varias personas consultadas por este medio refieren conocer a muchos consumidores, generalmente con fines recreativos –aunque sin poderse precisar si se trata de consumidores ocasionales o por adicción- todos ellos jóvenes. Esto habla de la presencia de la droga en la isla, aunque los medios estatales silencian mayormente las dimensiones del consumo y los hechos de producción, comercio o tráfico dentro de la isla, limitándose solo a cubrir aisladas detecciones de la droga en aduanas y costas, o a reseñar las medidas estatales.
Al mismo tiempo, las autoridades mantienen cierto nivel de enfrentamiento contra la presencia y tráfico de la marihuana en Cuba, con condenas de varios años de prisión para quienes sean hallados culpables de participar en su comercio, aunque generalmente existe cuestionamiento a las pruebas judiciales. El pasado verano fueron detenidos varios jóvenes supuestamente dedicados al tráfico de la hierba en la provincia de Camagüey, a raíz, precisamente, de información obtenida por la policía del teléfono móvil de un distribuidor de marihuana en Las Tunas. Poco antes, en julio, el ministerio de Salud Pública había dado a conocer una resolución, la 23 del 2020, que prohíbe la importación, exportación, transportación y tenencia de Cannabis –marihuana- y otras plantas consideradas drogas fuertes, así como de sus flores, semillas, productos, sustancias o componentes.
Hasta hoy viernes 26 de marzo, ninguna institución ni medio de prensa estatal ha publicado información sobre el caso de la marihuana en el IPVCE de Las Tunas, ni sobre ningún otro anterior, lo cual contribuye a crear, especialmente en muchos familiares de adolescentes y jóvenes potenciales consumidores, la sensación de que las drogas no están presentes ni asequibles en las escuelas cubanas. Hasta el momento, no se sabe de ninguna otra medida tomada por las autoridades, excepto que movilizar “al que atiende drogas” para hacer “profilaxis en todas las escuelas para la prevención del consumo de drogas”, refiere nuestra fuente.
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