«NICARAGUA ES UN PAÍS SIN LEY Y SIN JUSTICIA»: LA SIP HACE UN LLAMADO URGENTE A RESTAURAR LAS LIBERTADES EN LA NACIÓN

✍ Mario Ramírez
📷 Arriba, sede de la SIP en Miami (tomada de sipiapa.org); debajo, Rosario Murillo y Daniel Ortega (tomada de AP).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo este martes 5 de julio un llamado “urgente” a “restaurar las libertades en Nicaragua”. El informe preliminar, basado en una misión virtual de la SIP, exhortó a los organismos internacionales «a actuar con celeridad, ante el rápido avance de la escalada represiva y la persecución a la prensa y a líderes opositores», en un país «sin ley ni justicia».

El estudio que será presentado a un Comité Ejecutivo el próximo 16 de julio, recabó «crudos testimonios» de periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios, representantes de la Iglesia Católica y otros miembros de la sociedad civil que han sufrido la represión del régimen que lideran Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La misión exigió «el inmediato cese de la represión, la libertad de todos los detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática», además de plantear «la necesidad de que la prensa internacional continúe informando sobre lo que ocurre en el país centroamericano, como modo de mantener viva la conciencia acerca de la crítica situación allí reinante».

• Aumento de la represión de cara a las elecciones

Especial preocupación mostraron los analistas por el proceso electoral que tendrá lugar el venidero 7 de noviembre —en el que Ortega buscará conseguir su quinto mandato, y el cuarto de manera consecutiva—, el cual, estimaron, «solo será posible si se recupera un entorno de pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, y de garantías de debido proceso judicial».

Sin embargo, con el plazo para presentar candidaturas pactado entre las fechas del 28 de julio y el 2 de agosto, «los principales aspirantes opositores están privados de libertad, sin poder designar abogado defensor y vedados de ser visitados y de recibir alimentos y medicamentos».

A este respecto fueron señaladas las recientes acciones de la dictadura de Ortega-Murillo, y la Asamblea Nacional, dominada enteramente por el régimen.

Las normativas establecidas en el último semestre por el parlamento sandinista parecen encaminadas a decidir las elecciones hacia una postergación del gobierno autoritario, con la eliminación de la oposición y de la prensa libre. Tal es el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, «que llevó al cierre de organizaciones no gubernamentales de defensa de libertades por recibir fondos legales del exterior»; la Ley Especial de Ciberdelitos, o ‘ley mordaza al periodismo’ y de control de empleados estatales; la instauración de cadena perpetua por ‘delitos de odio’; la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, «que veda la postulación de candidatos que aplaudan ‘sanciones internacionales’ y la reforma del Código Procesal Penal, que extendió hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada.

• Los testimonios

La SIP, organización regional con sede en Miami (EE.UU.), recordó a través de su director ejecutivo, Ricardo Trotti, que en misiones anteriores a Nicaragua —como la de 2018 tras una ola de violencia que dejó un saldo de 300 muertos y múltiples detenciones— había sido posible la reunión con referentes políticos, sociales, religiosos y de medios de comunicación. En cambio, la necesidad de realizar una misión virtual está vez, «demuestra el acelerado deterioro de la situación institucional desde entonces”.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, declaró que “varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin Justicia”.

Según aclara el documento, las personas entrevistadas lo hicieron bajo la condición de anonimato, ante «el clima de zozobra imperante tras la sucesión de allanamientos, requisas, amenazas desembozadas, persecuciones ilegales, espionaje militar y detenciones arbitrarias».

De esto último es prueba el allanamiento el pasado 20 de mayo de las oficinas del diario El Confidencial y las instalaciones donde se grababan los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, hijo de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que derrotó a Ortega en las elecciones de 1990 y que fue arrestada también recientemente. Tras los sucesos, además, fueron reprimidos, requisados o detenidos varios periodistas que informaban sobre el operativo.

En total, 21 personas fueron llevadas a prisión e incomunicadas o forzadas a permanecer en sus domicilios, entre los que se encuentran cinco precandidatos presidenciales. De manera similar al régimen cubano, la primavera negra nicaragüense incluyó restricciones migratorias que afectan a periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta.

“Consideramos que están secuestrados, porque nada sabemos de ellos», dijo uno de los testimoniantes al referirse a los que continúan detenidos, y agregó que los nicaragüenses viven «en una novela de George Orwell”, donde hasta los abogados son amenazados y obligados a emigrar.

Detenciones de noche y en fines de semana, sin exhibir órdenes judiciales y de forma violenta, son perpetradas por el régimen de Ortega ayudado por personeros, grupos parapoliciales y paramilitares pagados para ese propósito, según relataron algunos de los entrevistados.

“Aunque haya personas dispuestas a franquear el paso a los domicilios, rompen puertas y ventanas y entran con fusiles de asalto”, dijo uno, mientras que otro contó que “las personas son apresadas sin que se les informen las causas, la policía emite comunicados en los que se afirma que violaron la ley, lo que vulnera la presunción de inocencia, y recién después un juez toma conocimiento de la causa y da supuesto sustento al operativo”.

Los testimonios también dan cuenta del éxodo masivo de personal y ejecutivos de los medios castigados, principalmente el efectuado este junio, en el que decenas de empresarios, políticos y periodistas marcharon a Costa Rica.

“No sólo los periodistas se sienten amenazados: también sus fuentes; incluso las que están en el exilio, por temor a que haya presiones a sus familias”, comentó una de las personas entrevistadas por la misión de la SIP, quien agregó que “se criminaliza brindar información, hasta del estado del tiempo (…) No hay apatía: hay horror. La calle dice mucho con su silencio”.

El análisis de la SIP resumió que «hay consenso en que la intensificación de las denuncias internacionales sobre la crítica situación institucional en Nicaragua quizá no amilane al régimen, pero al menos lo obligaría a reducir la intensidad de la represión», en un contexto en el que organizaciones como Human Rights Watch sitúan a la nación centroamericana entre las peores del área en materia de derechos humanos, junto a Cuba y Venezuela.

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