MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Y OTRAS MEDIDAS DEL RÉGIMEN PARA SOLVENTAR LA CRISIS

✍ Mario Ramírez
📷 Mercado agropecuario en Camagüey (Nachely Rivero)

A casi un mes de las protestas del 11 de julio, el régimen cubano aprobó la existencia de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el país. Anunciada desde el pasado 2 de junio, la medida forma parte de un grupo de ocho decretos-leyes encaminados, según el diario oficialista Granma, a «actualizar el modelo económico» como parte de la llamada Tarea Ordenamiento, emprendida a fines de 2020.

Aunque aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial de Cuba, el Parlamento cubano ha definido las MIPYMES en la isla como «aquellas unidades económicas con personalidad jurídica, que poseen dimensiones y características propias, y que tienen como objeto desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad». Entrando en detalles, se aclara que las mismas «pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, y se clasifican según el indicador del número de personas ocupadas, incluidos los socios, en: micro empresa –cuyo rango de ocupados es de 1 a 10 personas–, pequeña empresa –de 11 a 35 personas– y mediana empresa –de 36 a 100 personas».

Por ese orden también fue aprobada la creación y desarrollo de «cooperativas no agropecuarias», lo que extendería esta forma de propiedad semi privada a otros sectores del comercio, todavía por especificar.

Se aprobaron, además, sendos decretos-leyes «Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia» y «De las contravenciones personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia», los cuales, sin embargo, parecen dirigidos a burocratizar más las gestiones en esta clase de trabajo efectuado por miles de cubanos en la isla.

El resto de las normativas trataron «Del régimen especial de Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas», «Del Sistema Tributario» (modificación de la ley 113 del 2012), «De los registros públicos de bienes inmuebles» y «Sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y el uso de los fertilizantes».

Las medidas, que según el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, forman parte de un «proceso de trasformación y desarrollo», parecen seguir la estela de otras que en materia de economía fueron catalizadas tras el 11J, como la eliminación de algunas restricciones aduaneras o la entrega gratuita de módulos de consumo para la población.

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