“UNA ACCIÓN REPRESIVA DE ESPERAR»: RÉGIMEN CONTINÚA REGULANDO A INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL CUBANA

✍ Yunier Gutiérrez
📷 Facebook/ María Matienzo

La periodista independiente María Matienzo y la activista Kirenia Yalit Núñez, fueron notificadas este miércoles que tienen prohibida la salida del país. A la pareja, que desde horas tempranas de la mañana esperaba para actualizar sus pasaportes en la Unidad de Trámites del municipio habanero de Cerro, le hicieron saber que estaban “reguladas”, eufemismo utilizado por el régimen para clasificar a las personas a las que se les impide viajar fuera de la isla por motivos políticos.

“Era una acción represiva de esperar. Nosotras no tenemos ningún plan de viajar inmediatamente, pero después de una sistematicidad de casos represivos, lo que nos faltaba era esto: descubrir que estamos reguladas”, expresó a este medio Matienzo.

La periodista declara que solicitó una explicación a la medida impuesta por las autoridades, sin obtener respuesta.

“Nosotras pensamos presentar una queja en Fiscalía Provincial, porque es ilegal; independientemente que sepamos que es en consecuencia de nuestra actividad como periodista y activista”, manifestó.

No obstante, la reportera del medio de noticias Cubanet, dijo que “sabemos que no vivimos en un estado de derecho, así que lo más probable es que esa queja no llegue a ninguna parte o que recibamos una respuesta vaga”.

En el 2018, a la activista Núñez se le impidió salir del territorio nacional, medida que luego fue revocada y en estos momentos vuelve a recaer sobre ella. En el caso de Matienzo, es la primera vez que aparece regulada.

Durante los últimos meses, la Seguridad del Estado y la policía del régimen han detenido tanto a Matienzo como a Núñez, así como llevado a cabo sitios a la vivienda que comparten en la capital, ante el trabajo constante en pro de los derechos humanos en Cuba desarrollado por la pareja y que incomoda a la dictadura.

La medida de restricción de movimiento no solo es aplicable a periodistas independientes o activistas, también a opositores políticos, líderes religiosos y a otros miembros de la sociedad civil cubana. Según el Instituto Patmos, encargado de contabilizar dichos casos desde el 2018, en su última actualización aparecen más de doscientos regulados en la lista.

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