INFORME DE LA SIP SOBRE CUBA: «LA EPIDEMIA QUE MÁS AFECTA AL PAÍS ES LA REPRESIÓN»

✍️ Henry Constantin / Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

La epidemia que más afecta al país es la represión, que repuntó en el último semestre con severas condenas para los muchos ciudadanos que participaron de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

Pronto entrará en vigor un nuevo Código Penal tan retrógrado como el anterior, que exagera la protección de los gobernantes, en detrimento de los ciudadanos.

Un periodista preso, otro desterrado como condición para salir de la cárcel, otro agredido por individuos con conocimientos en artes marciales, y toda la prensa independiente bajo vigilancia y amenazas intermitentes (solo quedan en Cuba menos de cincuenta personas, incluyendo directivos, fotógrafos y diseñadores), demuestran el débil cuadro en materia de libertad de expresión, dentro de una sociedad sin respiro por la devaluación de la moneda y una emigración compulsiva que ya superó los números de la Crisis de los Balseros de los años 1990.

En los últimos meses, la mayoría de las personas relacionadas al trabajo de la prensa independiente, así como centenares de cubanos que habían posteado contenidos críticos contra el régimen, sufrieron diversos grados de amenazas policiales y acoso, sobre todo a mediados de noviembre, cuando cientos de cubanos fueron interrogados y amenazados para que no divulgaran, mostraran simpatía o informaran sobre la protesta nacional convocada para el 15 de noviembre (15N).

El ambiente para la libertad de prensa sigue siendo muy hostil, beneficiado solo por el creciente número de cubanos que se conectan a internet, consumen y divulgan información alternativa a la oficial. Fuera de eso, ETECSA, el monopolio estatal de las comunicaciones, sigue funcionando como instrumento de censura y ciberacoso, bloqueando websites de medios y de ONG críticas de la dictadura, facilitando la cibervigilancia, cobrando precios elevados por un servicio deficiente y haciendo cortes selectivos de comunicaciones a periodistas y activistas.

Lázaro Yuri Valle Roca es el ejemplo de todo lo que persigue la dictadura cubana. Es uno de los dos periodistas cubanos presos en estos momentos. Fue detenido el 15 de junio de 2021 por filmar y divulgar el lanzamiento de octavillas con frases de independentistas del siglo XIX en una céntrica calle de La Habana. Desde entonces solo salió de prisión para ser llevado a hospitales por complicaciones de salud. Enfrenta una petición fiscal de seis años de cárcel, por los delitos de «propaganda enemiga» y «resistencia».

El reportero Jorge Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de «desacato», tras participar en las protestas del 11J. Por ese mismo delito también fue condenado el popular youtuber Yoandi Montiel, «El Gato de Cuba», preso desde hace más de año y medio, tras burlarse en un video del presidente dictador Miguel Díaz-Canel.

El periodista Esteban Rodríguez fue excarcelado en enero tras más de ocho meses de prisión sin juicio, pero debió aceptar el destierro a cambio de su liberación. Había sido encarcelado por participar en una protesta en La Habana. Junto a Rodríguez, salió del país el comunicador Héctor Luis Valdés, quien declaró haber aceptado el exilio como condición para que liberaran a su amigo, Rodríguez. Con ello se verificó el primer caso desde 2016 de colaboración represiva entre Cuba y otro gobierno de la región contra periodistas, Nicaragua en este caso, cuyas autoridades migratorias les prohibieron ingresar a Managua, su destino, por lo que quedaron varados en el aeropuerto de San Salvador. Poco después, el hijo de Juan Manuel Moreno, directivo de un boletín independiente, sufrió el mismo trato cuando trataba de volar a Nicaragua, único país de la región que no exige visas a los cubanos y desde donde intentan llegar por tierra a EE.UU.

El anteproyecto del nuevo Código Penal puede agravar la represión. Establece altas penas de cárcel para todos los que se involucren en el envío, trasmisión o recepción de recursos dirigidos a organizaciones no reconocidas por el Estado, incluidos los medios independientes y las ongs que monitorean las violaciones los derechos humanos.

Además, mantiene la pena de muerte, y formaliza sanciones de cadena perpetua y destierro de su país para ciudadanos cubanos.

El capítulo sobre «Propaganda contra el orden constitucional» castiga con hasta cuatro años de cárcel a quien «incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma». Aplica entre tres y ocho años de cárcel a quien «atente contra el honor o la dignidad del jefe de un Estado extranjero», un blindaje para dictadores extranjeros amigos del régimen.

El artículo 185 sobre «desacato» silencia cualquier cuestionamiento a las autoridades y sus agentes. «Quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones» será castigado con entre seis y doce meses de prisión y con una alta multa. Si la ofensa es contra el presidente u otras autoridades jerárquicas, el castigo será de entre uno y tres años.

También se sanciona con un año de prisión la «clandestinidad de publicaciones» o a quien «confeccione, difunda o haga circular en cualquier formato, publicaciones, sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte».

La amenaza de ser acusados de «instigación a delinquir» la han recibido decenas de personas antes del 15N, por divulgar la convocatoria a la protesta de ese día en sus redes sociales.

También el artículo 270 del Código Penal impone penas de seis a doce meses y altas a quien difame a los héroes y mártires del régimen.

Varios periodistas cubanos en el extranjero, como Karla Pérez, tienen prohibida la entrada a la isla. Asimismo, varios periodistas independientes tienen prohibido salir del país, entre ellos Yoe Suárez, María Matienzo, Boris González Arenas, Camila Acosta, Rolando Rodríguez Lobaina, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Luz Escobar, Henry Constantin, Mary Karla Ares, Juan Manuel Moreno y Yunier Gutiérrez, así como la diseñadora de la revista Convivencia, Rosalia Viñas y la directiva de La Hora de Cuba, Iris Mariño.

Yoan de la Cruz es el caso más visible, pero no el único, de una persona condenada a la cárcel por trasmitir en vivo en sus redes sociales las protestas del 11J. Fue condenado a seis años de prisión.

En el periodo, más personas fueron multadas con el Decreto 370, que regula las redes sociales y permite decomisar teléfonos celulares de usuarios que critiquen al régimen. Entre ellas, Saily González, y varios familiares del preso político Jonatan López, así como Henry Constantin.

El acceso a la información oficial es muy reducido. El gobierno publica estadísticas escuetas, sus funcionarios difunden mensajes elogiosos al régimen en las redes sociales y los medios oficiales siguen haciendo propaganda.

Durante este período, fueron detenidos los comunicadores Pedro Luis Hernández, Camila Rodríguez, Orlidia Barceló, Martha Sánchez, Alberto Corzo, Juan Manuel Moreno, Mabel Páez, Yanela Reyes, María Matienzo, Yadiris Luis, Yoe Suárez, Héctor Luis Valdés, Yoel Acosta, Rolando Rodríguez, Yanaisy Quezada, Flora Quiñones, Héctor Miguel Sierra, Yeris Curbelo, Niober García, Ariosmi Ramos, Reina Baños, Diznaikis Hernández, Ever Fonseca, Raúl Pérez, Frank Abel García, Melba González, Yunieski Ferrer, Laritza Contreras, Carlos Manuel Cárdenas, Dallan Calderín, Sheila Delgado, Israel López, Luisbel Piloto, Reisel Acosta, Fernando Donate, Orelvys Cabrera, Henry Constantin, Neife Rigau y Vladimir Turró.

Las órdenes de arresto domiciliario afectaron a los siguientes reporteros: Luz Escobar, Iris Mariño, Neife Rigau, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Yoani Sánchez, Henry Constantin, Abraham Jiménez, Yadiris Luis, Flora Quiñones, Héctor Luis Valdés, Héctor Miguel Sierra, Yohandri Salas, Aimé Redondo, Amaury Sáenz, Josué Peraza, Yusleidy Romero, Rosaida Crespo, Moisés Corona, Daniel Tamayo, Onelcys Díaz Becerra, Jorge Luis Romero, María del Carmen Vergara, Jorge Enrique Rodríguez, Martha Liset Sánchez, Alberto Corzo, Pedro Luis Hernández, Ariosmi Ramos, Yaima Cabrera y Duznaikis Hernández.

Fueron víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias los siguientes trabajadores de medios de prensa: Luis Cino, Yoe Suárez, María Matienzo, Sol García, Nachely Rivero, Henry Constantín, Yanela Reyes, Yadiris Luis, Orelvys Cabrera, Jorge Amado Robert, Mary Karla Ares, Yander Serra, Yeris Curbelo, Niober García, Yunieski Ferrer y Laritza Contreras.

El 2 de febrero, durante la detención de los reporteros Neife Rigau y Henry Constantín, la actitud de un policía desnudó el sentimiento del régimen contra la prensa independiente: «Yo a estos les sacaría los ojos y ya».

📷 Facebook/ Lázaro Yuri Valle Roca, El Gato de Cuba, Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés Cocho, Juan Manuel Moreno, Karla Pérez, Yoe Suárez, María Matienzo, Boris González Arenas, Camila Acosta, Rolando Rodríguez Lobaina, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Luz Escobar, Henry Constantin, Mary Karla Ares, Yunier Gutiérrez, Rosalia Viñas, Iris Mariño, Camila Rodríguez, Orelvys Cabrera, Sol García, Nachely Rivero, Abraham Jiménez Enoa, Jorge Bello Domínguez, Yoani Sánchez, Yadiris Luis, Luis Cino, Yoan de la Cruz, Saily González y Neife Rigau

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